El Gobierno Vasco aprueba el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible

Su finalidad es crear un marco que impulse la movilidad sostenible en Euskadi.

Hace unos días, el consejero de Planificación Territorial, Transporte y Vivienda, Iñaki Arriola, presentó el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido al Parlamento para su debate. Según explicó el consejero, su finalidad es crear un marco que impulse la movilidad sostenible en Euskadi tanto de personas como de mercancías y favorecer su abordaje desde los ámbitos autonómico, foral y municipal.

Entre los principales objetivos destacan: configurar un sistema de transporte integrado y coordinado, priorizando el transporte público y optando por medios que consuman combustibles alternativos; proporcionar una oferta de transporte público que garantice la accesibilidad universal; implantar medidas disuasorias del uso del vehículo privado promoviendo la movilidad activa; potenciar la intermodalidad en el transporte de personas y de mercancías, a partir de una red de transporte público y de centros logísticos integrada y coordinada; y contribuir a la mejora del medio ambiente y la seguridad y salud de la ciudadanía, reduciendo la contaminación atmosférica y acústica, el consumo de energía, así como los efectos derivados del cambio climático.

Además, Iñaki Arriola apuntó que la Ley contempla la posibilidad de que diputaciones forales y ayuntamientos utilicen la fiscalidad y otros instrumentos de política económica para contribuir a los objetivos de la presente ley. “Y en este sentido, determina que las administraciones públicas podrán establecer en el ámbito de sus competencias, entre otras, las siguientes medidas fiscales y financieras: la creación de tasas, cánones o el establecimiento de gravámenes sobre las ya existentes; la creación de tributos u otros instrumentos fiscales que desincentiven determinadas actividades que vayan en detrimento de los objetivos de esta ley; o el establecimiento de reducciones, bonificaciones o exenciones para actividades que fomenten actuaciones que tengan por finalidad cumplir con los objetivos de esta ley”, matizó.

Así, este proyecto de ley se centra en incentivar la movilidad activa (a pie o en bicicleta), el impulso del transporte público frente al vehículo privado, la interoperabilidad de los títulos públicos de transporte en un sistema integrado intermodal, la promoción del tren y el favorecimiento de la movilidad sostenible desde el ámbito de la planificación autonómica, foral y municipal. 

Por otro lado, incorpora derechos y obligaciones de la ciudadanía, su participación en la elaboración de los planes de movilidad o la obligación de los municipios de tener en cuenta el impacto en la movilidad sostenible de sus actuaciones urbanísticas. El fin es reducir la huella de carbono y avanzar hacia un sistema de transportes intermodal que priorice el acceso de las personas al transporte público. Entre las medidas se incluye un plazo de dos años para que los títulos de transporte existentes sean plenamente interoperables en todos los modos de transporte de la Comunidad Autónoma Vasca.

También aborda también la fiscalidad del transporte, abriendo a diputaciones forales y ayuntamientos la posibilidad de utilizar esta herramienta y otros instrumentos de política económica para contribuir a la movilidad sostenible. Concretamente, el articulado recoge la opción de establecer medidas fiscales y financieras que desincentiven actividades que vayan contra la movilidad sostenible como tasas, cánones o gravámenes, tributos y reducciones. Al mismo tiempo, abre la puerta a bonificaciones o exenciones para formas de transporte que no dañen el medio ambiente.

Con el fin de poner en práctica el concepto de movilidad activa, el impulso de los desplazamientos a pie y en bicicleta, el proyecto incorpora la obligatoriedad de que los edificios de servicios públicos y las estaciones cuenten con aparcamientos para bicicletas y que los nuevos edificios residenciales incluyan espacios para este medio de transporte.

El texto plantea asimismo la necesidad de crear planes de movilidad sostenible a nivel autonómico y provincial con una vigencia de 10 años. Los municipios de más de 5.000 habitantes también deberán contar con estos documentos –las Diputaciones colaborarán con los Ayuntamientos de entre 5.000 y 20.000 habitantes a la hora de realizarlos-. El proyecto incluye planes de movilidad en los centros de trabajo.