El Think Tank del Parlamento Europeo ha publicado una nota titulada “Understanding transport poverty” que pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la definición de un concepto común de pobreza de transporte, así como en su medición y seguimiento para poder tomar medidas adecuadas que permitan reducir esta pobreza entre los diferentes grupos de población.
Un artículo en el que se destaca que los sistemas de transporte son una herramienta muy poderosa para reducir las desigualdades y garantizar el acceso a los servicios esenciales.
Desde hace unos años se está́ hablando del concepto de “pobreza de transporte” como “la falta de alternativas de transporte, asequibles y accesibles que restringen la movilidad de una persona a un área determinada, dificultando la realización de sus actividades esenciales y su participación en la sociedad”.
Se considera que un individuo es “pobre en transporte” si su capacidad para satisfacer las necesidades y actividades diarias está limitada por los siguientes factores:
• Falta de disponibilidad de transporte o pobreza de movilidad (falta de opciones de transporte público, o baja frecuencia).
• Inaccesibilidad del transporte (siendo disuadido por el terreno circundante o los requisitos de accesibilidad).
• Baja asequibilidad del transporte (incapacidad para afrontar el coste del transporte).
• Pobreza de tiempo (mucho tiempo dedicado a viajar).
• Inadecuadas condiciones de viaje (siendo peligrosas o inseguras).
La pobreza del transporte a menudo se relaciona con las vulnerabilidades sociales, como la pobreza de los hogares, el desempleo o la movilidad reducida. Los grupos sociales más afectados por la pobreza de transporte incluyen mujeres, ancianos, jóvenes, personas de bajos ingresos y personas discapacitadas. Vivir en una región desfavorecida (áreas rurales, periféricas o remotas, incluidas regiones ultraperiféricas o islas) también aumenta el riesgo de pobreza en el transporte.
La reciente Recomendación del Consejo de la UE para garantizar una transición justa hacia la neutralidad climática, adoptada el 16 de junio de 2022, establece que la situación actual de la pobreza de transporte podría empeorar a menos que los Estados miembros garanticen unos sistemas de beneficios fiscales y sistemas de protección social justos. La recomendación sugiere el desarrollo de indicadores para evaluar y hacer un seguimiento de la pobreza del transporte en cada país. Esto permitirá dimensionar el problema y encontrar soluciones particularizadas.
España cuenta con el sistema de transporte público de viajeros por carretera más desarrollado de Europa y con una mayor capilaridad
En este sentido, desde CONFEBUS queremos recordar que España es el país con el sistema de transporte público de viajeros por carretera más desarrollado de Europa y con una mayor capilaridad, vertebrando todo el territorio y siendo el único modo que llega a todos los rincones. Un modo clave para garantizar el derecho fundamental a la movilidad y el acceso a servicios básicos del Estado del Bienestar, como son la educación, la sanidad y el trabajo, en todo el país.
Cada año se realizan 3.100 millones de viajes en autobús en una red de más de 75.000 kilómetros que comunica a más de 8.000 municipios, muchos de ellos formando parte de lo que se ha denominado la `España Vaciada´, zonas del medio rural con difícil acceso a otros medios de transporte público y con poca población.
Estos datos avalan el éxito de nuestro sistema concesional, que es el único capaz de garantizar la movilidad como servicio público esencial. Se trata de un sistema que funciona y que, si bien tiene margen de mejora, ha conseguido ponernos a la cabeza de Europa en cuanto a desarrollo del transporte de viajeros por carretera.
Además, nos encontramos en un momento de oportunidad con la futura Ley de Movilidad Sostenible, cuyo ámbito de financiación no debe limitarse solo al ámbito urbano y metropolitano y debe ampliarse a todo el sistema, incluyendo los transportes interurbanos, y debe establecer un sistema adecuado que supere las diferencias territoriales y garantice la igualdad de todos los ciudadanos respecto al acceso a la movilidad.