Galicia urge al Gobierno central una revisión excepcional de los contratos de las líneas de autobús ante la subida extraordinaria de los costes

Las líneas de transporte de viajeros en Galicia están en peligro. La Xunta considera incluso que la viabilidad de los contratos de transporte público está en juego y así se lo ha hecho saber a la Administración central en una misiva en la que reclama su intervención para garantizar la pervivencia de las concesiones de líneas de autobuses a través de una revisión excepcional de las tarifas, teniendo en cuenta el extraordinario incremento de los precios, especialmente del combustible.

Una reivindicación en línea con lo solicitado por CONFEBUS desde hace meses.

El director general de Movilidad de la Xunta de Galicia, Ignacio Maestro, ha remitido una carta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) en la que advierte que el alza de precios de combustibles “está dificultando enormemente la viabilidad de los contratos de las concesiones de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general por carretera de Galicia”.

En su misiva, recuerda que la renovación de todas las concesiones de las líneas en Galicia se efectuó entre 2019 y el 2020 con contratos redactados “teniendo en cuenta los datos del 2019, tanto en lo que se refiere a ingresos como a costes, en un escenario económico estable”. Sin embargo, explica que desde comienzos de 2022 se ha producido una situación de excepcionalidad en la economía causada por un incremento progresivo de los precios, en especial el de los combustibles, una circunstancia que advierte ha impactado especialmente en el sector del transporte por carretera y, más concretamente, sobre los costes asociados a la prestación de los servicios.

Así, en lo relativo a las concesiones de servicio público para viajeros, el responsable de movilidad autonómico señala que las condiciones de licitación prevén su desindexación, lo que hace que, ante un cambio imprevisto radical de escenario macroeconómico como el actual (con un incremento del IPC del transporte de más del 15% con respecto a 2019), un contrato de larga duración, como los de Galicia (10 años), carezca de las herramientas de las herramientas necesarias para equilibrar de una forma dinámica los costes con los ingresos.

Continúa explicando que, a pesar de que desde la Xunta se han habilitado mecanismos excepcionales para compensar los incrementos de los costes del combustible, estos no son suficientes ante la magnitud de la situación actual. Además, la alta inflación prevista para los años 2023 y siguientes seguirá afectando gravemente a todos los componentes de los costes del transporte de viajeros por carretera (combustible, personal, amortizaciones, seguros, neumáticos, reparaciones…).

En este contexto, consideran que, al igual que se ha hecho con el sector de la obra pública, “es necesario actuar en el ámbito del transporte público de viajeros por carretera desde el punto de vista normativo y con un impulso urgente por parte del Gobierno de España”.

De este modo, se ha solicitado al Mitma que se habilite la posibilidad de una revisión excepcional de precios para los contratos en los que no se contemple esta posibilidad en el pliego de licitación, y que pueda ser de modo retroactivo a partir de un determinado momento.

“Está en juego el futuro de un sector clave para nuestra economía y para la prestación de un servicio público básico para la ciudadanía que desempeña un papel fundamental en la vida de las personas, como se recoge en el preámbulo de la Ley de Movilidad Sostenible”. Se requiere de una respuesta urgente”, concluye Ignacio Maestro.

Una reivindicación en línea con lo solicitado por CONFEBUS desde hace meses

Ante la complicada situación que atraviesan las empresas, como consecuencia del COVID, con la demanda de viajeros aún lejos de las cifras de 2019, y el progresivo incremento de los precios de los costes, especialmente de los combustibles, CONFEBUS también viene solicitando al Gobierno desde hace meses la imprescindible revisión de los precios de los contratos, aplicable tanto a los servicios de transporte colectivo urbano o interurbano como a los relacionados con el transporte de uso escolar, con un reequilibrio que compense los costes extraordinarios del precio de los combustibles, garantizando así la continuidad de una industria que es garante de la movilidad sostenible y un servicio esencial.