La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se reunieron la semana pasada con representantes del sector electrointensivo y de los sectores del comercio, el turismo y el transporte, entre ellos CONFEBUS, dentro de la segunda ronda de contactos en el proceso de diseño de las medidas para cumplir los compromisos europeos de ahorro energético, ahora centrados en la elaboración del Plan de Contingencia de Seguridad Energética del país.
Teresa Ribera valoró la disposición de estos sectores empresariales para colaborar en la elaboración del Plan, ya que “juegan un papel clave en el impulso al uso más inteligente posible de la energía y el incremento del ahorro y la eficiencia. Hemos escuchado sus ideas y propuestas, que resultan sin duda útiles para el diseño de este Plan”, afirmó. La vicepresidenta también agradeció el apoyo de los sectores a la posición del Gobierno en la negociación que tuvo lugar el viernes pasado en Bruselas.
Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo también agradeció la implicación de los sectores en el diseño del plan de contingencia y para “lograr una respuesta europea acorde a las necesidades, especialmente de los grandes consumidores de energía, comercio, turismo y transporte”. Para Maroto, “el objetivo es proteger a nuestras empresas y familias más vulnerables, articulando una serie de medidas a corto y largo plazo que den confianza y certidumbre ante el alza del precio de la energía y para responder a las consecuencias socioeconómicas de la invasión rusa de Ucrania”.
Tras las primeras medidas de rápida aplicación aprobadas a inicios de agosto, centradas en suprimir consumos de energía redundantes, el Gobierno arma ahora una propuesta de Plan de Contingencia que prevé tener concluida este mes de septiembre.
Aportaciones de CONFEBUS al Plan de Contingencia
De este modo, CONFEBUS ha presentado una serie de propuestas que permitan establecer medidas a corto y largo plazo que den confianza y certidumbre al sector del transporte de viajeros por carretera ante el alza del precio de la energía y para responder a las consecuencias socioeconómicas de la invasión rusa de Ucrania.
La movilidad sostenible en general y el transporte público y colectivo en autobús en particular, juegan un papel clave en el impulso al uso más inteligente posible de la energía y el incremento del ahorro y la eficiencia energética en los desplazamientos. Para ello se proponen las siguientes medidas:
1. El fomento de todo el transporte público como medida de ahorro energético, extendiendo las medidas de gratuidad de RENFE al autobús. El transporte en autobús es icono de la movilidad sostenible, es un agente clave contra la contaminación y el cambio climático por su probado valor y eficacia medioambiental, y las externalidades negativas asociadas al transporte no corresponden al autobús pues tan solo suponen el 0,2% del total de vehículos en España, a pesar de representar prácticamente la mitad de la cuota modal de los viajes en transporte colectivo interurbano.
Este nuevo Plan de Contingencia de Seguridad Energética no puede ignorar actuaciones clave para promocionar modos más eficientes e inducir un trasvase modal hacia medios menos contaminantes como el autobús en detrimento del transporte privado. Por ello, medidas en favor de los servicios de tren como las previstas en el Real Decreto-ley 14/2022 deben extenderse a todo el sistema de transporte público, incluido el autobús, que es el único que llega a todos los rincones del país y que más viajeros mueve en el territorio nacional.
Sin duda, resulta necesario incentivar el papel del transporte público colectivo para afrontar el escenario actual de altos precios de la energía, que afecta muy especialmente a la movilidad cotidiana de los ciudadanos, fomentando el cambio a un medio de transporte más seguro, fiable, capilar, económico y sostenible. Sin embargo, de no ampliarse a todo el sistema de transporte público la gratuidad de los abonos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia prestados por RENFE, así como descuentos del 50% en títulos multiviaje de sus servicios comerciales de alta velocidad y larga distancia, no se llegará a todos los territorios y ciudadanos, además de dañar más aún al sector del transporte en autobús, que contribuye de manera decidida a la movilidad sostenible y al ahorro energético y que aún se encuentra en una situación muy complicada, ya que desplazará su demanda en todos los corredores coincidentes con el ferrocarril.
Para ello, urge establecer un nuevo crédito o incrementar el actual que permita a los ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas llegar a cubrir esa gratuidad de abonos multiviaje en los servicios de transporte público en autobús de su titularidad.
Igualmente, deberían considerarse deducciones fiscales por el uso del transporte público o por su promoción (por ejemplo, en el IRPF para quienes compren abonos o en el IS para las empresas que se lo faciliten a sus trabajadores), así como campañas de promoción del uso del transporte público y sostenible, aprovechando que España cuenta con la red más tupida de servicios interurbanos de transporte en autobús y que conectan los más de 8.000 municipios de la geografía española, así como la promoción del transporte escolar, que de manera efectiva y poco onerosa para la sociedad redundaría en una mejora del tráfico, permitiendo ahorrar vehículos de la circulación y reducir otras externalidades negativas.
2. Medidas para el sostenimiento económico de los servicios públicos de transporte. El sector del transporte en autobús se encuentra en una situación muy complicada tras el impacto del COVID, con unos niveles de demanda que aún no se han recuperado. Desde 2020, han desaparecido casi 300 empresas y las que sobreviven, menos de 3.000 (2.844), acumulan una gran cantidad de deuda. A todo esto, hay que sumar las consecuencias del extraordinario incremento del precio de los combustibles, que está teniendo un enorme impacto en las cuentas de resultados de las empresas del sector, así como la gratuidad de los abonos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia prestados por RENFE y los descuentos del 50% en títulos multiviaje de sus servicios comerciales de alta velocidad y larga distancia, que desplazarán la demanda del autobús en todos los corredores coincidentes con el ferrocarril y que será difícil de recuperar una vez se haya eliminado la medida.
Urge requilibrar los contratos de servicios públicos de transporte y establecer una habilitación para que todas aquellas administraciones que así lo deseen puedan realizarlo en todos sus contratos de transporte por autobús, compensando los costes extraordinarios que la subida del precio del combustible ha originado y garantizando así la prestación de los servicios de transporte. Este reequilibrio debe ser aplicable tanto aquéllos que presten servicio de transporte colectivo urbano o interurbano, como a los relacionados con el transporte de uso escolar y otros derivados de contratos públicos, al igual que se ha previsto para los contratos de obras públicas.
3. Considerar al autobús como industria gasintensiva crítica. En consideración al despliegue del gas como carburante en los autobuses, en previsión a que se produzcan las restricciones que prevé el Reglamento 2022/1369 del Consejo, es importante que la Administración General del Estado establezca que las empresas de transporte en autobús son industria crítica, para que no se vean afectadas por una posible reducción en el consumo de gas.
4. Continuidad en el tiempo de medidas ya adoptadas en favor del Sector y extensión de otras al transporte en autobús. Dada la situación de escalada de precios de energía y del carburante, así como las de continuidad en el tiempo de las consecuencias socio-económicas que la invasión de Rusia a Ucrania está provocando, el Plan debe contemplar la continuidad de medidas ya adoptadas en beneficio del sector del transporte en autobús como son el establecimiento de descuento en el precio del carburante y la concesión de ayudas directas por vehículo a las empresas transportistas. En el caso del gas natural, la ayuda directa por vehículo debe aumentarse dada la exponencial subida que ha tenido, así como elevar el descuento por kg de gas natural hasta 1 €/kg. Todo esto debe venir acompañado de un diálogo con la Comisión Europea que permita aumentar los límites máximos de ayuda previstos en el Marco Temporal de Crisis para apoyar la economía en el contexto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, toda vez que la situación que originó la adopción del marco se prolonga en el tiempo.
Asimismo, al igual que se ha hecho con los contratos públicos de obras, se debe contemplar la extensión al sector del transporte en autobús de medidas como la revisión de los precios de los contratos públicos de servicios, como el transporte escolar. Además, se debe garantizar que los transportes discrecionales y turísticos en autobús puedan trabajar a un precio justo, al igual que se ha hecho con el transporte de mercancías por carretera. En este sentido, se debe modificar el Real Decreto 75/2018, por el que se establece la relación de componentes básicos de costes y las fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de transporte regular de viajeros por carretera, para adaptarlas a las nuevas energías de propulsión, como son los vehículos de gas (gas natural o hidrógeno) o eléctricos.
5. Otras medidas a largo plazo para el fomento de la movilidad sostenible. Se deben contemplar políticas y acciones cuya puesta en práctica por parte de las administraciones públicas induzcan a un trasvase modal hacia medios menos contaminantes y que permitan el ahorro energético como el autobús. En este sentido, se deben contemplar medidas que refuercen las características del servicio público de transporte de viajeros por carretera, de tal modo que garantice la calidad del servicio para los ciudadanos y que sirvan para mejorar la fluidez del tráfico y la eficiencia de los transportes públicos mediante la reorganización del tráfico y las rutas de las líneas de autobuses, así como otras medidas de priorización de la circulación y reformas viarias para reducir las externalidades del tráfico y mejorar la calidad del servicio público.
El Plan tampoco puede ignorar el papel fundamental que pueden jugar unas infraestructuras adecuadas que favorezcan al transporte en autobús como pueden ser la implantación de carriles BUS-VAO en los principales ejes de penetración a las ciudades, la apuesta por una verdadera intermodalidad con la construcción de terminales de autobuses en puertos, aeropuertos y estaciones de ferrocarril, o la puesta en marcha de un plan de renovación nacional de las estaciones para facilitar los transbordos y la última milla, potenciando así el uso más eficiente del transporte colectivo urbano.
Además, la neutralidad tecnológica debe ser el principio rector sobre el cual se establezcan las medidas de renovación del parque y se impulsen los vehículos medioambiental y energéticamente más eficientes a la luz de las mejores tecnologías disponibles que permitan cumplir los objetivos de este Plan de forma realista y eficaz. Se debe evitar que los planes se basen en cuotas por tecnologías concretas para dar pie a que permitan el uso de una amplia gama de tecnologías limpias cuyo resultado final se traduzca en el cumplimiento de los objetivos previstos y el desarrollo de los diferentes Planes de ayudas en manos de la totalidad de Administraciones en el Estado ha de estar coordinado de forma que permitan aprovechar eficazmente las sinergias para la renovación de flotas y la incorporación de los vehículos con las mejores tecnologías limpias para las operaciones de transporte de personas en autobús.
En todo caso, los incentivos para abordar el reto de la descarbonización deben ser reales, ya que cuando se han dispuesto ayudas para renovación de flota, las cuantías para afrontar la inversión han ofrecido un incentivo económicamente muy inferior al de otros países de nuestro entorno, como Alemania o Portugal, que compensan la diferencia del sobrecoste del cambio tecnológico.
Igualmente, para impulsar la incorporación de más tecnologías limpias a las flotas creemos conveniente recuperar las deducciones que existían en el Impuesto de Sociedades cuando se hacían inversiones medioambientales en la adquisición de nuevos vehículos de energías alternativas.
Por último, se considera necesario instar a la Administración a disponer de un marco regulatorio más favorable para los operadores de transporte que permita eliminar las barreras en materia de infraestructuras que actualmente coartan la utilización de un mayor número de vehículos limpios en sus flotas, bien por las condiciones de acceso a la energía o bien por las condiciones de las infraestructuras relacionadas con la red de transporte. Asimismo, las estaciones e intercambiadores de transporte de viajeros deben estar preparadas para dar cabida a la utilización de vehículos propulsados por energías limpias si lo que se pretende es impulsar el uso de esas tecnologías.