CONFEBUS insiste a la Administración en la necesidad de medidas urgentes por el encarecimiento continuado del combustible

El gasóleo alcanza la cifra histórica de 1,916 €/l

En lo que va de año, el sobrecoste para el sector, solo por el precio del combustible, asciende ya a 504 millones de euros.

CONFEBUS solicita, una vez más, a la Administración la adopción de una serie de medidas urgentes para hacer frente a la desesperada situación en la que se encuentra el sector, ante el elevado y continuado encarecimiento del precio de la energía (gasóleo y gas). En el mes de junio, el precio del gasóleo ha alcanzado la cifra histórica de 1,916 euros/l, lo que supone un incremento, solo en lo que va de año, de un 37,29%, a lo que habría que sumar un 16,10% de aumento en 2021. A su vez, el precio del gas natural acumula un incremento del 140% en 2022, siendo en 2021 un 365,41% superior al promediado de 2020.

De este modo, en lo que va de año, solo por el precio del gasóleo, el sobrecoste para el sector asciende ya a 403 millones de euros, y a 101 millones por el precio del gas natural, motivo por el cual CONFEBUS insiste en trasladar a la Administración que esta subida desproporcionada y continuada evidencia la necesidad e importancia de una revisión extraordinaria de las tarifas o un reequilibrio de los contratos de gestión de los servicios públicos de transporte, así como la revisión de los precios de todos los contratos dependientes de las Administraciones, para poder mantener la continuidad de una industria que es garante de la movilidad sostenible y de un servicio público esencial.

Una situación que está poniendo en peligro la recuperación de un sector especialmente castigado por los dos años de pandemia, y en un momento crítico como es la temporada turística que acaba de comenzar. Estos meses son fundamentales para que las empresas del sector puedan mejorar sus resultados. La supervivencia de muchas de ellas está el juego.

CONFEBUS reitera que, en la actualidad, los niveles de demanda de viajeros aún están lejos de los de 2019, con una pérdida de más de 1.018 millones de viajeros en 2021, que aún persiste en 2022, con una caída que se sitúa de media en torno al 20%, según los datos del INE. Una vez más, la Confederación se ve en la obligación de repetir que el autobús es un sector clave para la economía española que, antes de la crisis, facturaba casi 6.000 millones de euros anuales, dando empleo a más de 95.000 personas. No se puede olvidar en estos momentos tan cruciales para el sector, el esfuerzo inversor que están haciendo las empresas para evolucionar y adaptarse a los nuevos avances tecnológicos que han permitido mejorar la eficiencia y reducir las emisiones. El autobús es el modo de transporte que menos gases de efecto invernadero genera y es únicamente responsable del 0,42% del total de las emisiones de CO2 del transporte por carretera en España. Incluso muchas empresas han realizado una transición hacia combustibles alternativos, como el gas natural, que se está viendo penalizada por el incremento constante del precio de este combustible.

El autobús es un sector estratégico para la sociedad que garantiza la movilidad de millones de personas cada día, asegura el acceso a los servicios básicos del estado del bienestar, como la sanidad, la educación o el trabajo, y es un actor clave de la cadena y oferta turística. Y precisamente por esta razón, la Administración debe tomar las medidas pertinentes para garantizar la supervivencia del sector del transporte en autobús.

El incesante incremento del precio del combustible amenaza la actividad del sector del Transporte de Viajeros por Carretera de Cataluña

De igual forma, la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros, FECAV, ha presentado varios escritos ante las Administraciones titulares, poniendo en alerta los estragos de las empresas del sector.

El incremento de los precios de combustible, provocado por el aumento del precio del petróleo, del gas y otras energías a consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ha generado un descalabro en el sector del transporte de viajeros por carretera, que actualmente no contempla un futuro favorable en cuanto a la viabilidad de las empresas del sector.

La profesión todavía no se ha recuperado de los efectos de la crisis de la COVID, debido al bajón de actividad durante los últimos dos años, la liquidación de los préstamos ICO y el hecho de que la demanda todavía no se encuentra al 100%. Las empresas han pasado de esta situación a encontrarse inmersas en una nueva crisis, de carácter energético, que conlleva una escalada constante de los precios del combustible, alcanzando casi un encarecimiento del 60% respecto a mayo de 2021, cuando el precio del combustible estaba a 1,204€, según datos del Geoportal del Ministerio de Energía.

Ante este escenario, la patronal ha compartido informes que ponen en evidencia la desesperada situación de los transportistas de viajeros por carretera, dado que el incremento del coste asociado a la prestación de servicio se sitúa ahora mismo entre el 10% y el 15%, contemplando sólo los costes de combustible, ya que también es necesario tener en cuenta el incremento de los costes de personal y los de mantenimiento de vehículos.

Los datos señalan que la partida de combustible para el servicio de transporte discrecional supone un 20,3% del coste total.

Fuente: Observatorio de Costes del transporte discrecional en Cataluña

En relación a la evolución del coste del servicio de transporte discrecional de viajeros en el período 2016-2022, se apunta una flagrante tendencia al alza de estos costes de explotación, con una referencia como punto de partida de 232 € en 2016 hasta los casi 280€ situados en el mes de mayo de este año (sin incluir impuestos), lo que supone un incremento del 20% de los costes.

Fuente: Observatorio de Costes del transporte discrecional en Cataluña

Asimismo, según datos de los operadores, en el período enero-abril 2022, en servicios regulares, se ha producido una desviación de 5,1 millones de euros respecto a lo presupuestado, de los que 4,7 millones se concentran sólo en los meses de marzo y abril. Además, la tendencia de los precios del combustible apunta a un empeoramiento en mayo. Es decir, si la tendencia de los sobrecostes no da un giro en dirección opuesta, se podría llegar a finales de año con un déficit en torno a los 18-20 millones de euros. Además, la congelación de tarifas del transporte público para 2022, decisión implementada en el marco de política pública por parte del sector con la finalidad de promocionar el transporte colectivo, convendría actualmente soportarla con fondos que amortigüen la falta de ingresos que comporta.

Por este motivo, se está solicitando de forma perseverante una dotación presupuestaria para paliar los efectos de la crisis energética y, sólo así, garantizar el derecho a la movilidad de los ciudadanos de Cataluña. Desde el sector se ve positivamente que, a otros sectores estratégicos, como el de la construcción, se les haya concedido la posibilidad de revisar los precios de los contratos, a pesar de la Ley de Desindexación. Así pues, no se entiende como un sector esencial como es el transporte de viajeros por carretera, no se le otorgan medidas en la misma línea, que permitan adaptar los precios del contrato a la realidad actual.

En este contexto, el objetivo de FECAV se centra en encontrar fórmulas a fin de que sus asociados puedan disponer de una posición financiera que les permita desarrollar su actividad profesional sin comprometer la prestación de servicios bajo criterios de calidad, sostenibilidad y seguridad.

Por ello, desde la asociación se está trabajando estrechamente con los organismos que tienen competencias para aprobar e implementar este tipo de medidas para evitar el abandono de la actividad de nuestro tejido empresarial, poniendo de relieve que el transporte colectivo es el aliado adecuado para la lucha contra el cambio climático y la descongestión de las ciudades.

IRU pide medidas urgentes para que la subida en los precios de los carburantes no colapse el transporte

A nivel internacional, la IRU, la organización mundial de transporte por carretera de la que CONFEBUS es miembro, ha lanzado un plan de emergencia de 17 puntos para que los gobiernos aborden el aumento de los precios del combustible y su impacto en las redes de transporte, la seguridad energética y los planes de descarbonización. La Resolución de emergencia fue adoptada por los miembros de la IRU, con aportes del sector del transporte profesional por carretera en todas las regiones del mundo.

Los precios del diésel han subido un 63% a nivel mundial desde enero de 2021, repuntando desde la guerra de Ucrania y sin que se vislumbre el final de la volatilidad. Los aumentos en el precio del combustible han afectado los márgenes de los operadores en un 9% en dos meses, pero sus márgenes de beneficio neto suelen ser poco más del 3%.

La escalada de los precios del combustible está impulsando la inflación en la economía mundial y las cadenas de suministro se enfrentan a bloqueos. El riesgo creciente de que los pequeños operadores quiebren colapsará aún más las redes de movilidad y logística, y significará que serán menos capaces de invertir en nuevos vehículos para descarbonizarse.

Radu Dinescu, presidente de IRU, señala al respecto: “Los operadores de transporte por carretera se enfrentan a una crisis de flujo de caja, especialmente el 90% que son pequeñas y medianas empresas. La volatilidad en los precios del diésel y los términos comerciales inflexibles significan que tienen poco margen de maniobra y las quiebras van en aumento. Esto dañará la capacidad y la eficiencia de la red de transporte por carretera, lo que afectará a las cadenas de suministro, la inflación y la economía en general. Necesitamos actuar ahora”.

El plan de emergencia de IRU incluye 17 acciones gubernamentales para apoyar a los operadores de transporte por carretera, especialmente para aliviar la volatilidad del precio del combustible, y para realinear las hojas de ruta de descarbonización a las nuevas realidades de la creciente inseguridad energética.

Entre las medidas, la IRU pide un mecanismo de ajuste de los impuestos especiales sobre el combustible para los operadores de transporte profesional para proporcionar seguridad a corto plazo y evitar el colapso parcial de las redes de transporte por carretera y la inflación. En Alemania este mes, por ejemplo, una reducción temporal de los impuestos especiales del 87% significaría que un operador alcance el punto de equilibrio en lugar de perder dinero.

Debido a las enormes diferencias de hasta el 96%, la IRU también pide que todos los modos de transporte profesional paguen el mismo impuesto sobre el combustible para mantener en curso los planes de descarbonización, así como acelerar las medidas de eficiencia a través del transporte colectivo por carretera y los camiones ecológicos.

En medio de una mayor inseguridad energética y un creciente desequilibrio entre el suministro y la demanda de combustible, todos los combustibles alternativos y existentes de bajas y cero emisiones también deben permanecer en uso operativo. Los gobiernos deben revisar cuidadosamente las políticas de descarbonización para planificar un cambio más gradual hacia los combustibles renovables, más allá de los vehículos eléctricos de batería, y reducir las distorsiones del mercado, como el cobro a los usuarios de las carreteras y las zonas de cero emisiones que excluyen las opciones de combustibles con bajas emisiones de carbono que ya están en funcionamiento, como el biodiésel, el biocombustible, GNL…

Por su parte, Umberto de Pretto, secretario general de la IRU, destaca: “El plan de emergencia de la IRU dirige la acción del gobierno en áreas clave para garantizar que el transporte por carretera continúe apuntalando el crecimiento económico y la salud social, evitar el exceso de inflación y mantener nuestra industria y el transporte en general en el camino correcto, cumpliendo con nuestros objetivos de descarbonización”.