Las asociaciones europeas que representan a los sectores del turismo y el transporte profesional por carretera piden al Parlamento Europeo que haga de la extensión del RCDE (Régimen de Comercio de Derechos de Emisión) al transporte por carretera y a los edificios (ETS II) un instrumento justo y adecuado tanto para las empresas como para los edificios privados y el transporte privado.
La Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU), de la que forma parte CONFEBUS, ha publicado un comunicado apoyando la iniciativa de la UE de establecer un RCDE separado para los edificios y el transporte por carretera, que en general sería preferible a diferentes regímenes nacionales, siempre que esté diseñado de una manera inclusiva y adecuada para su propósito.
Según los cambios propuestos por la comisión ENVI del Parlamento Europeo, los edificios privados y el transporte privado no se incluirían en el nuevo RCDE antes de 2029, cuando su posible inclusión tendría que estar sujeta a una evaluación de impacto completa y a una nueva propuesta legislativa. Este cambio se traduciría en una carga insostenible impuesta a una pequeña parte de los actores, en particular porque el compromiso ENVI también deja abierta la posibilidad de añadir impuestos nacionales y gravámenes por las emisiones de carbono además de la nueva tasa del RCDE UE.
El sector turístico, incluido su segmento de transporte por carretera, fue el más afectado por la crisis de la COVID. Actualmente, se enfrenta a un aumento de los precios de la electricidad y el gas en la UE (lo que a su vez provoca un aumento de la tasa de inflación). Esto se refleja aún más en un aumento de los costes de los bienes y servicios en los sectores cubiertos por el nuevo sistema ETS.
En su estado actual, el sector turístico privado no podrá hacer frente a los costes adicionales, mientras que las quiebras seguirán proliferando. Un ETS adecuado para el propósito necesita un precio fijo universal para el CO2 para fomentar la ecologización tanto de los vehículos como de los edificios y una ventanilla única para fijar la fijación de precios de las emisiones de CO2.
Al mismo tiempo, IRU aboga por que los ingresos del RCDE se utilicen para apoyar la transición ecológica a través del apoyo a tecnologías que contribuyan a la energía, el ahorro de recursos y la reducción de la contaminación. Tanto las empresas, especialmente las PYME, como los hogares privados deben tener fácil acceso al Fondo Social para el Clima para que se implementen los cambios de infraestructura necesarios.
Como tal, la IRU cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo para mitigar los costes y distribuir la carga entre las empresas y los edificios privados/transporte privado de manera equitativa. Esto ayudará al sector turístico a adaptarse y utilizar alternativas sostenibles para mitigar las emisiones en un futuro próximo. “Esperamos que el sector turístico pueda volver a florecer”, señala la IRU en su comunicado.