El Govern balear, consells, ayuntamientos y agentes sociales acuerdan trabajar conjuntamente en las propuestas para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra
La semana pasada, la presidenta del Govern, Francina Armengol, se reunió con los consells insulars, la FELIB, el Ayuntamiento de Palma y también con la Mesa de Diálogo Social para poner en común las consecuencias sociales y económicas que está teniendo en las Illes Balears la invasión rusa a Ucrania y para establecer un marco de actuación para articular las propuestas que se harán al Estado para paliar los efectos de esta crisis.
Tal y como explicó la presidenta, este lunes se celebrará una conferencia sectorial para vehicular las aportaciones a este plan. Por este motivo ha pedido a las instituciones y a los agentes sociales que hagan llegar todas sus propuestas para poderlas trasladar a esta reunión. Además, recordó que esta semana se convocará el Pacto de Reactivación, foro en el cual se continuarán recogiendo propuestas para activar posibles medidas autonómicas que puedan complementar la respuesta europea y el plan estatal.
La presidenta apeló a la acción conjunta: “tenemos que trabajar juntos para coordinar posibles soluciones a la crisis, desde el acuerdo el consenso, la generosidad y el entendimiento para buscar las mejores soluciones”, dijo, recordando que “tenemos que tener claro que la solución está en Europa”. En este sentido, Armengol señaló que hay unanimidad para apoyar al gobierno del Estado en la negociación para cambiar el marco regulatorio energético y conseguir así bajar el precio de la energía.
Por otro lado, la presidenta indicó que las medidas europeas y estatales irán acompañadas del apoyo “de las políticas municipales, insulares y también autonómicas para los sectores que más están sufriendo” y mostró el compromiso del Govern de “complementar” las necesidades de estos sectores con medidas propias.
Refiriéndose a la situación en Ucrania, la presidenta dijo que “nuestro corazón y nuestro sentimiento está con el pueblo ucraniano” y mostró el compromiso del Govern de “ayudar al máximo para dignificar la vida” de las personas refugiadas.
Finalmente, recordó que, en la lucha contra la pandemia, gracias al trabajo conjunto, las Baleares han conseguido “dos cosas fundamentales: salvar más vidas que nadie y reactivar la economía más rápidamente que nadie” y aseguró que esta vez las Illes “volveremos a saber estar a la altura de las circunstancias”.
Asimismo, la presidenta recordó cuales fueron las reivindicaciones del Govern y qué acuerdos se adoptaron en la Conferencia de Presidentes de La Palma. Entre otras cuestiones, las Balears defendieron la necesidad de rebajas fiscales específicas para los costes de la energía; el establecimiento de medidas para reducir los efectos de la insularidad, con especial énfasis a la necesidad de cambiar el marco regulatorio de las ayudas de minimis; medidas de apoyo a las personas más vulnerables, o la agilización de las inversiones en renovables y autoconsumo, así como el aumento de los recursos que se destinan a estos.
La presidenta también explicó que las decisiones que se tomen en el Consejo Europeo que se tiene que celebrar los próximos 24 y 25 de marzo serán clave en la hora de abordar la respuesta que el Estado y las comunidades autónomas podrán dar durante las próximas semanas a esta crisis
La reunión con los consejos insulares y los ayuntamientos contó con la participación de la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, y el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela. Por parte de los consells, participaron la presidenta del Consell Insular de Mallorca, Catalina Cladera, la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, el vicepresidente primero del Consell Insular de Ibiza, Mariano Juan, y la presidenta del Consell Insular de Formentera, Ana Juan, mientras que en representación de los ayuntamientos estuvieron presentes en la reunión el regidor de Innovación y Función Pública del Ayuntamiento de Palma, Adrián García, y el presidente de la FELIB, Antoni Salas.
En cuanto a la Mesa de Diálogo Social, participaron el vicepresidente y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela Vázquez, la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, y los representantes de CAEB, PIMEB, UGT y CCOO.
FROET calcula en un 20% el incremento de los costes del transporte debido al alza del gasóleo
Por su parte, el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, en un encuentro celebrado la semana pasada en la sede de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transportes de Murcia (FROET) mostró su respaldo a las reivindicaciones de FROET que urgen a que el Gobierno central tome medidas extraordinarias para detener la escalada de los precios de la energía, que están ahogando a los sectores productivos regionales. Indicó que “la subida de precios no es un hecho reciente, sino que arrancó hace un año”.
“Desde el Gobierno regional exigimos al Gobierno central que rebaje, de una manera rápida y urgente, los impuestos a los carburantes para no asfixiar a las empresas”, afirmó el consejero, y solicitó “compromisos, no promesas, para garantizar la supervivencia de las empresas y de las cadenas de suministros”.
FROET calcula que, a las empresas de transporte y transportistas autónomos con vehículos de gran tonelaje, el incremento del precio del gasóleo en un año les supone un aumento en sus costos del 20%, lo que les coloca en una situación límite que hace imprescindible una intervención urgente del Gobierno arbitrando medidas excepcionales para tratar de paliarla, o de lo contrario puede llevar a la ruina a todo el sector y colapsar la economía.
Así, el presidente de FROET describió como “desesperada” la situación que está atravesando el sector del transporte, que “nunca antes en la historia se ha enfrente a algo igual”.
“Entendemos que el difícil para cualquier cliente asumir una repercusión en los precios del transporte de tal naturaleza, pero es lo que está mandando el coste de la energía”, lamentó.
Díaz apuntó que estas semanas están siendo “difíciles” para el sector del transporte en general, y por eso se solicitó al Gobierno central, a través del Comité Nacional de Transportes por Carretera (CNTC), la adopción de medidas directas que amortigüen la subida del carburante, estableciendo topes que permitan cierta estabilidad de precios.
En este sentido se refirió al anuncio del Gobierno francés de una rebaja de 15 céntimos por litro en los carburantes, a partir del 1 de abril y durante cuatro meses, para paliar la escalada de precios de los combustibles. El mecanismo por el que ha optado el país galo es que sean los distribuidores los que apliquen este descuento, que luego les reembolsará el Estado.
El presidente de FROET saludó la iniciativa francesa, al igual que la que les anunció el José Ramón Díez de Revenga, avanzando que la Comunidad Autónoma va a convocar ayudas por 9,4 millones de euros para la transformación de la flota de vehículos de empresas de transporte.
En cuanto a las acciones de protesta llevadas a cabo por algunos transportistas en diversos puntos del territorio nacional, recordó que ni FROET ni el CNTC han convocado ningún paro del transporte y dijo entender que exista malestar en el sector, indicó que las peticiones de la plataforma convocante “son las mismas que tenía el sector hace unos meses” y a las que se ha dado respuesta por parte del Gobierno central con la publicación de un Decreto Ley, aunque ante esta situación excepcional el Gobierno deberá arbitrar medidas excepcionales que ya ha demandado el propio Comité Nacional y de las que está esperando respuesta.
Así, FROET ha pedido al Gobierno central soluciones “concretas y urgentísimas” que frenen la “escalada disparatada” de los precios del carburante, ya que el sector “no puede aguantar dos semanas”.
Las asociaciones de autobuses asturianas reclaman al Principado y al Gobierno medidas que compensen el alza del precio de los carburantes
Además, las asociaciones de transporte de viajeros por carretera de Asturias (CAR, ASTRA y ASVIPYMET) han solicitado a la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial del Gobierno regional la adopción de medidas compensatorias para paliar la grave situación en la que se encuentran las empresas de autocares como consecuencia del alza del precio del gasóleo.
Estas asociaciones ponen de manifiesto que el precio del gasóleo continúa con su escalada y ha alcanzado un nuevo récord histórico en España la semana pasada, situándose en 1,817 euros/litro, lo que supone una subida de más del 83% desde mayo de 2020 y del 65,65% desde enero de 2021.
Además, consideran que esta situación de alza constante de los precios de la energía que viene manteniéndose en los últimos tiempos, que además ahora se ve agravada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, está ocasionando un grave perjuicio al transporte en general y lastrando de forma determinante la lenta recuperación del sector, ya de por sí golpeado de forma muy significativa por la pandemia padecida.
Desde CAR, ASTRA y ASVIPYMET se recuerda también que el sector (indispensable para la movilidad, la cohesión territorial y la transformación hacia la sostenibilidad) “sufre una situación dramática”, ya que, la crisis de los combustibles se suma a unos niveles de demanda de viajeros que aún están lejos de los de 2019.
Asimismo, se suman a la confederación nacional del sector (CONFEBUS) a solicitar de la Administración General del Estado medidas urgentes para paliar esta situación insostenible, consistentes en la puesta en marcha de una serie de compensaciones económicas, como hacen en otros países de nuestro entorno.
Esta demanda se encuentra en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea instando a los Estados miembros a tomar las medidas necesarias para compensar a los sectores más afectados por el incremento del precio de la energía, medidas como precios regulados, bonos energía, subsidios, reducciones de impuestos, IVA o ayudas estatales.
En relación al ámbito autonómico, solicitan medidas compensatorias capaces de mitigar la situación del sector del transporte de viajeros por carretera asturiano, ya de por sí muy debilitado como consecuencia de la pandemia.
Así como medidas capaces de garantizar la rentabilidad de los contratos que permitan la sostenibilidad del sector y el reequilibrio económico de los contratos de servicio público de transporte.
Finalmente, estas asociaciones insisten en que el autobús es un sector clave para la economía asturiana y un actor estratégico para la sociedad ya que garantiza la movilidad y asegura el acceso a los servicios básicos del estado del bienestar, como la sanidad, la educación o el trabajo y es un eslabón clave de la cadena y oferta turística, que en Asturias cuenta con más de 4.000 trabajadores, entre empleos directos e indirectos; empleos que en el caso de no poder revertir esta situación, se podrían en riesgo, estando abocadas las empresas a plantear ERTEs como única salida posible a su dramática situación.