Morosidad en la contratación pública: la Comisión Europea pide a España que garantice que las empresas reciban los pagos a tiempo

La semana pasada, la Comisión Europea envió un dictamen motivado a España por la no conformidad de su legislación nacional con la Directiva sobre morosidad (Directiva 2011/7/UE).

Según señalan en el comunicado la Comisión ha emitido en este sentido, la morosidad repercute negativamente en las empresas, ya que reduce su liquidez, les impiden crecer y dificulta su resiliencia y su capacidad para ser más ecológicas y digitales. En el contexto económico actual, incluso más que antes, las empresas y las pymes dependen de pagos periódicos para funcionar y mantener el empleo. La Directiva sobre morosidad obliga a las autoridades públicas a pagar sus facturas en un plazo de treinta días (o de sesenta días en el caso de los hospitales públicos). En virtud de la Directiva sobre morosidad, las autoridades públicas tienen una «obligación especial» de pagar a sus proveedores a tiempo y servir de ejemplo en la lucha contra las malas prácticas de pago en el entorno empresarial.

Por todo ello, la Comisión está plenamente comprometida con la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y ya ha incoado procedimientos de infracción contra los Estados miembros cuyas administraciones públicas no pagan a sus proveedores a tiempo.

Así, la Comisión ha adoptado medidas adicionales contra España con el fin de garantizar la correcta aplicación de la Directiva sobre morosidad y evitar pérdidas a las empresas de ese país, en particular las pequeñas y medianas empresas (pymes), enviando este dictamen motivado a España, en el contexto del procedimiento de infracción incoado en 2015 por los retrasos excesivos en los pagos por parte de sus autoridades públicas.

Finalmente, la Comisión reconoce los esfuerzos realizados por España en los últimos seis años para mejorar la puntualidad de los pagos de su sector público. Sin embargo, aunque en este tiempo las autoridades centrales han realizado avances considerables, la Comisión está preocupada por los retrasos persistentes de las autoridades regionales y locales, ya que su puntualidad a la hora de pagar sigue sin ajustarse a las obligaciones de la Directiva.

España dispone ahora de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión. En ausencia de una respuesta satisfactoria, la Comisión podría decidir llevar al país ante el Tribunal de Justicia.