La Fundación Corell presenta su proyecto para renovar la legislación española sobre movilidad y financiación del transporte.
• El MITMA debe promover y liderar un proceso legislativo que actualice las normas en un escenario económico y social muy diferente a cuando se estableció la norma LOTT de 1987.
• El sector de transporte debe renovarse y mantener unas operaciones digitalizadas conectadas que mejoren su eficacia y su sostenibilidad económica.
• En viajeros, más del 40% de quienes usan transporte colectivo lo hacen en empresas privadas.
La semana pasada, la Fundación Corell presentó durante una jornada las “Bases para una nueva ley de movilidad sostenible y financiación del transporte terrestre”. Un proyecto que se propuso debido al desfase evidente entre la legislación en vigor en materia de transporte terrestre y la rápida evolución que el concepto de movilidad está teniendo.
Desde la Fundación Corell y a propuesta de su Think Tank Movilidad se ha realizado un trabajo de análisis de la legislación en vigor en materia de transporte, tanto de viajeros como de mercancías, su adecuación a las necesidades crecientes de la sociedad y en especial de su capacidad para proporcionar un marco regulatorio adaptado a las crecientes necesidades de la Movilidad. Como consecuencia de este análisis y ante los evidentes desajustes entre la regulación vigente, con una legislación que acumula varias décadas de antigüedad, la Fundación Corell celebró la jornada “Bases para la nueva ley general de movilidad sostenible y financiación del transporte terrestre”.
Durante el pasado año, el MITMA planteó en su estrategia de movilidad una nueva ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público. El proceso de tramitación se inició con un diálogo abierto que tuvo centenares de aportaciones, lo cual indica la oportunidad del proyecto, así como el interés de los distintos actores sociales en aportar su criterio a esa iniciativa que se ocupa de un servicio que usan, de una u otra forma, la totalidad de los ciudadanos más de una vez al día y cuyo buen funcionamiento contribuye de una manera directa, inmediata y diaria a mejorar la calidad de vida.
En un escenario económico y social muy diferente a cuando se estableció la norma LOTT de 1987, la ley se ha quedado desactualizada y obsoleta a las necesidades actuales. Algunos de los cambios que ha habido en los últimos años y que se consideran motivo suficiente para insistir en una nueva regulación son los siguientes:
La irrupción de las plataformas tecnológicas no transportistas, los riders de la última milla en dumping social, los autónomos con una fiscalidad discriminatoria, la micro movilidad en las áreas urbanas y metropolitanas, la intermodalidad urbana entre modos, colectivos e individuales, el apoyo a la corriente de mejora de calidad del aire, la transición energética, la corriente imparable de concentración de población en áreas metropolitanas y la despoblación de la España interior, así como la eficacia del gasto público tanto en contratos programa de operación como en infraestructuras. Por último y muy importante, también afecta a la demanda del transporte colectivo, los cambios en los hábitos sociales derivados del COVID.
“Esta ley busca dar una seguridad jurídica, contratos seguros y una estabilidad al sector a largo plazo. Supone una regulación, gestión y planificación integral de todo el transporte”, afirman desde la Fundación Corell.
Durante la jornada, la Fundación Corell recogió los aspectos fundamentales por los que en el transcurrir de este semestre el MITMA debe de promover y liderar un proceso legislativo que actualice las normas, que ordene el mercado de la movilidad con horizonte estable, que garantice una estabilidad adecuada, y que permita a la iniciativa privada tener luz larga para planificar inversiones y adaptarse a las nuevas condiciones.
Decálogo Ley de Movilidad
Oportunidad: El proceso abierto por el MITMA es una oportunidad clave para actualizar, mediante una nueva ley, los modelos de gestión de servicios de transporte, impulsar la transformación digital y energética de los sistemas de transporte público de viajeros y mercancías, así como renovar la gobernanza del Sistema Nacional de Movilidad.
Recomendaciones incluidas en el proyecto de Bases para una nueva Ley de Movilidad
1.-Gobernanza: La movilidad en zonas urbanas y sus conurbaciones se gestionará a través de las Entidades titulares de servicio (ETS) directas o consorciadas. Las autoridades y organismos titulares de los servicios podrán ceder la titularidad a las ETS para garantizar una mejor coordinación, eficiencia y calidad de servicio. La movilidad no urbana se ordenará a través de Áreas de prestación de servicio (APS) con los mismos objetivos principales que las ETS al objeto de garantizar la movilidad ciudadana en áreas de baja densidad demográfica.
Se propone la creación de Sistema Nacional de Movilidad que se relaciona con los diferentes niveles administrativos competentes, ayuntamientos, diputaciones CC.AA. y los Ministerio correspondientes y supervisa y controla el buen funcionamiento de la movilidad.
2.-Planificación: se propone la realización de un PGM (Plan general de movilidad) multimodal adecuado a las áreas geográficas de prestación de servicio del que resulte un programa de prestación de servicios esenciales y de interés general a través de contratos concesionales o de prestación de servicios.
3.-Obligaciones de servicio público OSP y servicios comerciales: Se definirán previamente los servicios con OSP con todas sus características incluyendo la financiación de tal condición. Se analizará la posibilidad de que se declare, provisionalmente, algún corredor como servicio comercial estableciendo los procedimientos específicos de temporalidad hasta contrastar su eficiencia.
4.-Financiación: se reclama el diseño de un esquema de financiación estable tanto para la adecuada prestación de las OSP con un Fondo Estatal para los transportes urbanos y con una contractualización de los importes acordados por OPS en los no urbanos. Anualmente se apoyarán procesos genéricos para la renovación tecnológica y energética de las flotas profesionales.
5.-Fiscalidad: Revisión total de la fiscalidad con nueva planificación y resultado neutral entre modos para mantener la eficacia de los operadores locales
6.-Ordenación: se mantiene el modelo de servicios esenciales y de interés general basado en el contrato de concesión o de gestión de servicio en exclusiva con modelos concursales más realistas con demanda predeterminada y obligaciones técnicas adecuadas y flexibilidad en la adaptación del mismo a las circunstancias socioeconómicas del momento.
7.-Transformación de la movilidad: Digitalizada, sostenible medioambiental y económicamente, socialmente responsable, segura y con infraestructuras adecuadas.
8.-Mercancías: Se impulsa la digitalización documental, la evolución de los vehículos tanto en pesos y dimensiones como en tecnología embarcada, la renovación, la regulación de la carga y descarga y el reforzamiento del arbitraje.
9.-Ferrocarril: Se fomenta la coordinación y la colaboración intermodal en el contexto del principio de neutralidad modal.
10.-Transitoriedad: se proponen medidas para una modernización sostenible.
Más información sobre la jornada y materiales AQUÍ.