El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que preside CONFEBUS, ha remitido sendas cartas tanto a la ministra de Hacienda, como a la directora general de Transporte Terrestre, con motivo del anunciado impuesto sobre el gasóleo, solicitando, entre otras medidas, que dicho impuesto no afecte al transporte profesional, dentro del cual el autobús desempeña un papel muy importante.
Según las últimas informaciones aparecidas sobre los futuros Presupuestos Generales del Estado, se contempla la creación de un impuesto al diésel al amparo de la prioridad concedida por el Gobierno a la llamada descarbonización, impuesto que vendría a equiparar la tributación de este combustible a la de la gasolina y que trataría de desincentivar comportamientos nocivos para el medio ambiente o, dicho de otra manera, la compra de vehículos que lo consumen, aunque pretendiendo que cualquier modificación no recaiga sobre las clases medias y trabajadoras o sobre autónomos y pymes que, paradójicamente, suelen ser, y en el caso del transporte por carretera son, usuarios de vehículos diésel.
Ante estas noticias, el CNTC se ha visto en la obligación de solicitar que el nuevo impuesto no afecte al transporte profesional, dentro del cual el autobús desempeña un papel de la mayor importancia, teniendo en cuenta que cada autobús puede sustituir entre quince y treinta automóviles, contribuye de manera importante a la descongestión del tráfico, reduce las emisiones y es tres veces más eficiente en términos de viaje-kilómetro. Igualmente, el Sector aporta una media de 1.500 millones de euros anuales a las arcas públicas.
El Comité revindica también que no se puede gravar a un sector económico que es de primera magnitud y que, además, se encuentra en estos momentos en una muy complicada situación económica, como consecuencia de la fuerte disminución de la demanda que ha provocado la crisis sanitaria del coronavirus, pese a lo cual trata de continuar por el camino ya iniciado hace tiempo de ahorro energético, limitación de emisiones y uso de fuentes de energías limpias, tanto en las flotas como en las instalaciones. El trasporte de viajeros por carretera es estratégico para la economía y la sociedad y, sólo en los últimos cinco años, ha aportado a las arcas públicas más de 7.500 millones de euros, ha transportado a más de 14.000 millones de viajeros y ha invertido dos mil quinientos millones de euros en mejora de flotas sirviendo a ocho mil poblaciones diariamente en España, dando empleo a más de 95.000 personas de forma directa. Cargarle con un gravamen adicional sólo conseguiría penalizar al sector, y, por ende, a los miles de usuarios que verían incrementado el precio del servicio.
En la citada carta también se ha puesto de manifiesto el total apoyo del Sector para impulsar una movilidad sostenible, pero con medidas que no incrementen la presión fiscal sino con otras que fomenten su desarrollo como, por ejemplo, son una gestión de las infraestructuras de transporte que primen la facilidad de acceso del transporte de viajeros por carretera a las entradas de las principales ciudades españolas mediante, carriles específicos o la gestión inteligente de la infraestructura como el carril anunciado por el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en la carretera A-2 de entrada y salida de Madrid.
Así, el CNTC ha pedido que, en el caso de que efectivamente se cree este nuevo impuesto, el sector del transporte profesional quede exento del mismo o, en otro caso, pueda compensarlo por medio del llamado gasóleo profesional.