La consejera ha solicitado al ministro Ábalos que se mantengan las compensaciones hasta que se recupere la demanda de viajeros.
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, participó el pasado jueves, 10 de septiembre, en la Conferencia Sectorial de Transporte, en la que reclamó al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, la ampliación de la compensación prevista para las empresas de autobuses con concesión administrativa hasta que se recupere la demanda de viajeros, así como otras ayudas para paliar las pérdidas sufridas por el sector durante la pandemia del COVID-19.
En la Conferencia, en la que participaron representantes de todas las comunidades autónomas, la consejera explicó que en el caso del transporte público de viajeros por carretera, la pandemia ha generado problemas de tesorería a los concesionarios, que han mantenido servicios a pesar del descenso de demanda. Se ha producido la ruptura del equilibrio económico-financiero de las concesiones, ya que su único ingreso procede de los usuarios.
Por ello, ya en la reunión sectorial del transporte de abril la Consejería solicitó al ministro tres cuestiones vitales: la creación de un crédito extraordinario a fondo perdido para compensación a los operadores de transporte, un criterio claro de articulación jurídica para el reequilibrio de las concesiones de transporte y una línea de ayudas al sector para la necesaria adaptación a la nueva situación una vez pasado el Estado de Alarma.
Así, el Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, creó el Fondo COVID-19 autorizando un crédito extraordinario a las comunidades por 272 millones para los servicios regulares de viajeros interurbanos por carretera. No obstante, el reparto efectivo del importe no se realizará hasta la publicación de la correspondiente Orden Ministerial de Hacienda en diciembre de 2020.
Ese plazo, explicó Marifrán Carazo, dada la situación del sector, podría dar lugar al abandono por parte de muchos concesionarios de un servicio básico, sobre todo en muchos municipios pequeños de Andalucía. A su juicio, con ello se pone en peligro la supervivencia a las empresas y los más de 10.000 empleos directos y otros tantos indirectos que genera el sector. Por esto se aprobó el Decreto-ley 22/2020, de 1 de septiembre, ratificado ayer por el Parlamento andaluz, que establece una serie de medidas extraordinarias y urgentes para paliar la situación generada por el Covid-19. Entre esas medidas está una compensación a los operadores por las pérdidas sufridas por la pandemia: el adelanto de 17,4 millones en un primer periodo, desde el 14 de marzo hasta el 31 de mayo, y otros 35 millones hasta el 31 de octubre.
Según la consejera, “las concesionarias y sus servicios son vitales para mantener la cohesión territorial en Andalucía y para no dejar de atender a quienes viven en pueblos pequeños”, de ahí que defienda la necesidad de ampliar las ayudas hasta que se restablezca la demanda anterior al COVID.