El Consejo de Ministros, reunido el pasado viernes 15 de febrero, aprobó la modificación del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT). Con ello se culmina un largo proceso de elaboración y adaptación de la norma, en el que hubiera sido deseable una mayor consideración a las necesidades del sector y que aún está pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Con el nuevo ROTT desaparecen las tarjetas físicas en las que se documentaban las autorizaciones de transporte, pasando a contenerse en un soporte electrónico, reforzando así el papel del Registro de Empresas y Actividades de Transporte, con objeto de evitar duplicidades de trámites administrativos y reducir la documentación que las empresas de transporte tienen que aportar. Igualmente, el procedimiento de tramitación de visados pasa a realizarse de oficio por la Administración.
La norma también trae consigo la supresión de ciertos documentos de control, como la hoja de ruta física.
Otras mejoras relevantes son la implantación de sistemas electrónicos para la obtención de los certificados de competencia profesional y la digitalización de las reclamaciones de los usuarios de los servicios de transporte por autobús. Ambas tienen por objeto agilizar su tramitación y dar una respuesta más rápida a las demandas de los ciudadanos.
Respecto al acceso a la profesión de transportista, para la obtención del título profesional de transportista u operador de transporte, esto es, del título de competencia profesional para el transporte, se exigirá poseer un nivel académico previo, en concreto poseer al menos el título de bachiller o equivalente o bien el título de FP de grado medio.
Por otro lado, el texto da cumplimiento a lo determinado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia del pasado año, que obligaba a retirar el requisito de la flota mínima para acceder al mercado, que era de 5 autobuses en el caso del transporte de viajeros, permitiendo que se pueda acceder ahora con un solo vehículo de transporte.
Se refuerzan también otros requisitos con objeto de garantizar la profesionalidad del sector y que afectan a cuestiones como la honorabilidad, la competencia profesional, la capacidad financiera o el mantenimiento de los requisitos de antigüedad de los vehículos, así como la inclusión de infracciones contempladas por la normativa europea en relación a la pérdida de la honorabilidad del transportista y el establecimiento de criterios sancionadores más proporcionales a los ya existentes. Así, la regulación del requisito de pérdida de honorabilidad, implicará la suspensión de la validez de las autorizaciones de transporte durante un plazo de un año, por la comisión de una única infracción muy grave o de tres infracciones graves en determinados supuestos en función de la flota que posea la empresa transportista. En todo caso, la pérdida de dicho requisito exigirá una resolución previa expresa por parte del órgano competente.
Finalmente, el nuevo ROTT modifica la estructura organizativa del órgano asesor por excelencia del Ministerio de Fomento, el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), una figura esencial para el diálogo con el sector y que permite a la Administración conocer las inquietudes y necesidades existentes en el sector de una forma directa, continua y efectiva.
El nuevo ROTT no consigue establecer un marco normativo que permita al sector adaptarse a una realidad muy cambiante, especialmente en lo que se refiere a evolución tecnológica y la aparición de nuevos competidores que hasta ahora no lo habían sido para el transporte en autobús.
Las modificaciones introducidas no flexibilizan la gestión de contratos de gestión de transporte público regular y tampoco refuerzan las características del servicio público frente a nuevas formas de movilidad.
Asimismo, el nuevo ROTT supone una oportunidad perdida para abordar problemas derivados de la mal denominada economía colaborativa en el transporte, que suponen una grave amenaza a la estabilidad y a la profesionalidad del sector. En este sentido, CONFEBUS hace un llamamiento al Ministerio de Fomento para trabajar conjuntamente en futuras regulaciones que permitan paliar estos problemas, potenciar el uso del autobús como parte estratégica de la movilidad y dotar así a los operadores y usuarios de un marco jurídico orientado a conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.