• España es el único gran país europeo sin una ley de Financiación del Transporte Público
• Desde 2014, el Estado ha reducido a la mitad sus aportaciones a los sistemas de Transporte Público de las grandes ciudades españolas
• El anteproyecto de Ley que proponen las cinco ciudades pretende lograr un marco legislativo y financiero para la financiación del Transporte Público para, además, convertirse en herramienta estable de lucha contra el cambio climático
Los responsables de Movilidad de las ciudades de A Coruña, Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza y A Coruña se reunieron el pasado jueves, 24 de enero, en la capital valenciana para presentar un anteproyecto de ley que han preparado con el objetivo de lograr una Ley de Financiación del Transporte Público por parte del Estado.
Los ayuntamientos de estas cinco ciudades, entre las diez más pobladas de España, responden así a la propuesta apoyada de forma unánime por los grupos en la Comisión de Fomento el pasado mes de septiembre en la que se instaba al Gobierno a crear una mesa que analice la financiación del transporte público urbano.
Los responsables de Movilidad de estas ciudades tienen como objetivo obtener un marco legislativo y financiero que regule la financiación del servicio público de transporte colectivo urbano y metropolitano, es decir, que la financiación del transporte se fije por ley y no dependa de la voluntad presupuestaria del gobierno de turno.
Este documento, consensuado entre los Ayuntamientos de A Coruña, Barcelona, Madrid, Valencia y Zaragoza, busca un marco normativo que regule el traspaso de recursos a las entidades locales competentes en materia de transporte urbano y metropolitano, recogiendo obligaciones derivadas del traspaso, orientadas a maximizar una movilidad ambientalmente sostenible, integrada, intermodal, interoperable, segura, tecnológicamente avanzada, eficiente y con los más elevados estándares de calidad para los ciudadanos.
La propuesta exige una mayor implicación del Estado a la hora de financiar el transporte público como palanca de la transformación ecológica y como futuro de las ciudades. Se estima que es necesario dedicar un 0,25% del PIB nacional al transporte público. Para ello establece un marco regulatorio y un nuevo régimen tributario que permita generar recursos para las entidades titulares del servicio público de transporte y también la implicación del sector privado en la financiación.
De manera paralela, el anteproyecto de Ley planteado por estas cinco urbes, busca garantizar la reducción de emisiones de efecto invernadero derivadas de la movilidad urbana en vehículos privados a motor de combustión, como única vía de lucha eficaz contra el calentamiento global. Las capitales postulantes pretenden, en este sentido, que el Estado se implique más en el proceso de transición ecológica mediante un apoyo decidido al transporte público, como ocurre en otros grandes países europeos como Alemania o Francia. A este respecto, hay que recordar que desde 2014, el Estado ha reducido a más de la mitad su aportación al transporte urbano.
CONFEBUS destaca el papel clave del transporte colectivo para impulsar la movilidad sostenible
CONFEBUS ya mostró su satisfacción por la aprobación, el pasado mes de septiembre, por parte de la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados de la proposición no de ley relativa al impulso de una ley de financiación del transporte colectivo. Esta proposición fue registrada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y fue pactada con el apoyo de PP, PSOE, Ciudadanos y Compromís. El Congreso instó entonces al Gobierno a establecer una mesa de trabajo con los Ayuntamientos, agentes sociales y administraciones autonómicas con el propósito de presentar, en el plazo de seis meses, una propuesta de ley de financiación del transporte público.
En su exposición de motivos, la Comisión señaló que el vehículo privado es responsable de la mayor parte de las emisiones contaminantes de las ciudades y que el transporte colectivo urbano constituye la única alternativa “real y eficaz” para el cumplimiento de los compromisos en el marco del Acuerdo de París y en el marco del Plan Nacional de la Calidad del Aire 2017-2019.
Para la Confederación esta iniciativa supone un paso positivo y cubre parcialmente una de las reivindicaciones históricas del sector, que debería ampliarse a los servicios metropolitanos, de cercanías y rurales para garantizar que se preste un servicio que debería ser considerado bien de primera necesidad por la garantía de movilidad que representa para millones de personas en España y por su aporte a la sostenibilidad y al medio ambiente al colaborar en la disminución de las emisiones de CO2 como alternativa al vehículo privado.
El autobús es un medio de transporte estratégico para la sociedad y la economía españolas, ya que gracias a su capilaridad garantiza la movilidad de millones de personas cada día, siendo en ocasiones el único medio de transporte colectivo. Además, el autobús puede sustituir a entre 14-30 vehículos privados y evita la emisión de 6,7 millones de CO2 que se hubieran emitido si los usuarios del autobús lo hubieran hecho en coche. Por poner estos datos en contexto, 6,7 millones de toneladas de CO2 sería lo que necesitan casi siete europeos de media para calentarse, alimentarse y desplazarse en más de un mes.
Para CONFEBUS, el actual marco de financiación del transporte colectivo urbano es inestable, inequitativo, arbitrario y no se encuentra encuadrado en ninguna planificación estratégica. Esta situación imposibilita apuestas estratégicas a medio-largo plazo por parte de los operadores e instituciones responsables del transporte urbano, lo que redunda en su incapacidad para incorporar mejoras competitivas y optimizar el servicio a los ciudadanos en un marco tecnológico permanentemente cambiante.