Así como mejorar las infraestructuras dedicadas al transporte público.
El Gobierno está trabajando en una ley de cambio climático y transición energética con el objetivo de adoptar un marco regulatorio adecuado que le permita desacoplar de forma definitiva el crecimiento de la economía española con las emisiones de gases de efecto invernadero. Un marco instrumental para facilitar la transición energética y una economía plenamente descarbonizada.
CONFEBUS ha analizado el impacto que esta ley tendría en el sector de transporte de viajeros en autobús y autocar.
La aplicación del principio quien contamina paga es uno de los principios rectores de la futura Ley, que además prevé estudiar la necesidad de establecer la Euroviñeta en España.
Por otro lado, la futura Ley prohibirá desde su entrada en vigor cualquier nuevo subsidio u otro incentivo económico para favorecer el consumo de combustibles fósiles e instará al Ministerio de Hacienda a identificar en un año todas las ayudas y medidas fiscales que favorezcan el consumo de combustibles fósiles a fin de establecer un calendario para su revisión. Esto puede tener impacto en la figura del gasóleo profesional.
Además, se obligará a los municipios de más de 50.000 habitantes a integrar medidas de mitigación de emisiones derivadas de la movilidad en los planes de ordenación urbana, instándoles a que establezcan medidas para la creación de zonas de bajas emisiones antes de 2023, para la mejora y uso de la red de transporte público o para la electrificación de la red de transporte público y otros combustibles sin emisiones de gases de efecto invernadero (p.ej metano).
El impacto del cambio climático será tenido en cuenta en la planificación y gestión de las infraestructuras de transporte, y los pliegos de contratación en licitaciones de la administración central deberán contener criterios de reducción de emisiones y huella de carbono.
Al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado tendrán impacto positivo en cambio climático y el Ministerio de Hacienda deberá formular propuestas que aseguren que la financiación de las comunidades autónomas y el acuerdo sobre atribución de fondos integren condiciones climáticas en las políticas e inversiones cofinanciadas de infraestructuras y movilidad.
Igualmente, con esta ley el Gobierno pretende prohibir, a partir de 2040, la venta de turismos y vehículos ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono que no se destinen a fines comerciales. Para 2050 ese parque no deberá tener emisiones directas de CO2.
Consideraciones de CONFEBUS
Al respecto de este proyecto de ley, CONFEBUS ha elaborado un informe en el que lamenta que la nueva ley no aproveche para potenciar el uso de sistemas de transporte más eficientes en los servicios públicos y colectivos de transporte en autobús, mediante el establecimiento de planes y líneas de ayudas coordinados con todas las administraciones públicas para fomentar la sustitución paulatina del parque actual de vehículos por aquellas tecnologías limpias que, bajo el principio de neutralidad tecnológica, mejor permitan garantizar la movilidad sostenible y los servicios de transporte.
Por otro lado, considera que se ha de exigir a los municipios de más de 50.000 habitantes que lleven a cabo todas sus medidas de mitigación climática de forma coordinada con todas las administraciones públicas y consensuada con los agentes sociales, realizando previamente informes de impacto económico, social y medioambiental, estableciendo calendarios de actuación que sean realistas y asumibles, y proporcionando información anticipada y completa sobre dichas medidas y su impacto.
Del mismo modo, se debe considerar la mejora de las infraestructuras dedicadas al transporte público entre las medidas de mitigación que los los municipios de más de 50.000 habitantes han de llevar cabo para así posibilitar la implantación de carriles bus, plataformas reservadas, medidas de priorización de la circulación y reformas viarias para reducir las externalidades del tráfico y mejorar la calidad del servicio público y colectivo, que también pueden abarcar el desarrollo de planes de modernización y rediseño de intercambiadores y estaciones de autobuses para facilitar transbordos y movilidad sostenible en las conexiones de última milla en dichos núcleos.
Finalmente, la Confederación urge que la nueva ley contemple la realización de reformas fiscales que redunden en la sostenibilidad y posibiliten un mayor y mejor uso del transporte público, tales como impuesto al carbono deducible para las empresas de transporte de viajeros, la deducción del abono de transporte público en el IRPF o peajes urbanos a la congestión cuya recaudación se destine exclusivamente a la financiación y mejora del transporte público.