

Extremadura destina 1,8 millones para fomentar la movilidad en autobús
· Los titulares de la tarjeta SATE podrán acceder a una subvención en los desplazamientos
La semana pasada, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la movilidad en el transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, durante 2018, con un presupuesto de 1.816.035 euros.
Así, los titulares de la Tarjeta de Transporte Subvencionado (SATE) podrán acceder a una subvención en los desplazamientos en transporte público regular por carretera que tengan su origen en Extremadura y su destino esté situado dentro del territorio nacional peninsular.
Los beneficiarios de estas subvenciones son las personas mayores de 60 años, las que perciban pensiones contributivas de incapacidad permanente o invalidez, personas beneficiarias de pensiones no contributivas de invalidez, o bien de pensiones de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio.
Asimismo, se incluyen como preceptores de estas subvenciones las personas beneficiarias de subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos y por Ayuda de Tercera Persona reconocidos por la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, así como de ayudas del Fondo Nacional de Asistencia Social.
También podrán ser beneficiarios los vecinos de núcleos de población que no superen los 500 habitantes y los desempleados con 45 años cumplidos que carezcan del derecho a la prestación o subsidio de desempleo o a la renta agraria.
Del mismo modo, podrán solicitar estas ayudas personas causantes de la prestación familiar por hijo discapacitado a su cargo, los titulares del Carné Joven Europeo, las personas víctimas de violencia de género y las que sean miembros de familia numerosa.
Esta ayuda supone un descuento del 50% en el precio del billete para la mayor parte de los beneficiarios (mayores de 60 años, perceptores de pensiones no contributivas o de jubilación, desempleados que tengan más de 45 años de edad, etcétera), y del 100% para las mujeres víctimas de violencia de género y para los residentes en poblaciones de menos de 500 habitantes.