· En el ámbito autonómico, el volumen de páginas publicadas por las comunidades autónomas en sus respectivos boletines oficiales fue de 731.525 páginas en 2017.
Las comunidades autónomas y la Administración central publicaron 954.568 páginas en los boletines oficiales en 2017, algo que no supone una novedad porque el número de páginas que se publican en el BOE y en los boletines oficiales de las distintas autonomías lleva aproximadamente una década rondando el millón, según el informe “La producción normativa en 2017” publicado por CEOE.
Sin embargo, según señalan desde la Confederación, si se ponen estas cifras en contexto pueden llegar a abrumar. Al día se generan 2.615 páginas en los boletines oficiales. O lo que es lo mismo, 108 a la hora y 1,81 al minuto.
Por lo que respecta a las páginas del BOE, en 2017 se editaron un total de 223.043 páginas, lo que significa un incremento de 29,7% respecto a las 171.905 páginas del BOE publicadas en 2016. El 46% de las páginas correspondientes al año 2017 se concentraron en las secciones I y III del BOE, en aquellas que recogen las distintas disposiciones estatales. En el año 2016 estas dos secciones alcanzaron el 39% de las páginas publicadas en el BOE.
En el ámbito
autonómico, el volumen de páginas publicadas por las comunidades autónomas en
sus respectivos boletines oficiales fue de 731.525 páginas en 2017. Por lo
tanto, el volumen total aumentó en un 1,1% respecto de las 723.915 páginas
editadas el año anterior. Las normas con rango de Ley aprobadas en 2017 por las
CCAA (leyes, decretos legislativos y decretos leyes), recogidas en el propio
Boletín Oficial del Estado, ascendieron a 253 el año pasado, lo que supone un
aumento del 3,3% sobre las normas adoptadas en 2016, cuando alcanzaron las 245.
Las paginas publicadas en los distintos boletines autonómicos en 2017
En el inicio
del documento, los empresarios advierten de que “el entramado legislativo
español está caracterizado por una elevada densidad y complejidad, lo que
obliga a las empresas a bregar con un alto, y a menudo disperso, nivel de
regulación, que origina distorsiones en el mercado y un alto nivel de cargas
administrativas”.
“Esta situación impacta directamente sobre nuestra capacidad de crecimiento económico, pues erosiona la competitividad de nuestras empresas, que se ven obligadas a destinar notables recursos y esfuerzos a cumplir con la regulación existente, a veces injustificada o desproporcionada. Ello conlleva no poder dedicarse plenamente a su actividad generadora de riqueza y empleo”, destaca.