El pasado
jueves el Consejo de Gobierno de Castilla y León aprobó la Estrategia de
Eficiencia Energética, que proyecta 79 medidas con el reto de reducir en más
del 30 % el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono (CO2)
en Castilla y León hasta el año 2020. La inversión pública y privada estimada
para alcanzar este objetivo, que está 10 puntos por encima del fijado por la
Unión Europea, se eleva a casi 800 millones de euros.
El documento elaborado por la Consejería de Economía y Hacienda da continuidad a los Planes de Eficiencia Energética desarrollados en los periodos 2002-2007 y 2008-2012, que han permitido a la Comunidad avanzar en esta materia hasta lograr en 2013 un ahorro energético del 20,89 % en relación con los indicadores de 1990.
Este dato implica que Castilla y León ha cumplido siete años antes las metas marcadas por la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento y el empleo, donde la UE insta a las regiones a aumentar la eficiencia energética en el 20 % en 2020 respecto al año 1990; reducir en el 20 % las emisiones de CO2 en el mismo horizonte temporal, y generar al menos el 20 % de la energía eléctrica a través de fuentes renovables.
Por este motivo, la Estrategia de Eficiencia Energética 2020 diseñada por la Junta es más ambiciosa en sus objetivos y propone rebajar el 32,45 % el consumo de energía final y el 30,24 % las emisiones contaminantes al finalizar la década actual. Todo ello sin alterar el mix autonómico de generación eléctrica, donde el carbón mantiene su hueco por razones estratégicas y las energías renovables conservan un papel preponderante. Conviene recordar a este respecto que Castilla y León representa el 22 % de la producción nacional de electricidad por medio de estas fuentes limpias, lo que avala el compromiso de esta Comunidad con la lucha contra el cambio climático.
La ejecución de las 79 medidas programadas implicará un esfuerzo inversor de 799,1 millones de euros hasta 2020, que serán aportados por el sector privado (547,9 millones) y por el público (251,2 millones), tanto con fondos de carácter autónomo como estatales y europeos, con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través de diversos instrumentos como subvenciones, préstamos a coste cero o a bajo interés, inversiones directas o participación en proyectos estratégicos.
El sector industrial absorberá el 51,3% del volumen global de recursos, seguido del sector de edificación (25,1%), del transporte (10,8%), de las mejoras en servicios públicos de las administraciones locales (10%) y de la Administración autonómica (2,4%). Al capítulo de I+D+i se dirigirán el 0,3% de los fondos y, por último, a iniciativas de difusión, el 0,1%.
Fomento de modelos de movilidad más sostenibles y participación en proyectos de I+D+i
El transporte es el protagonista del tercer epígrafe del plan. Se trata del primer sector consumidor de energía final –casi el 40 % del total en la Comunidad– y el objetivo es que asuma el 44 % del esfuerzo de ahorro proyectado en la estrategia. En este campo se trabajará en la transición hacia modelos de movilidad de personas y mercancías más eficientes a través de planes de transporte sostenibles; en la planificación de infraestructuras que favorezcan la incorporación de vehículos alternativos, así como en la promoción del uso de combustibles distintos de los convencionales mediante ayudas. La Junta, por su parte, continuará con el plan de desarrollo del coche eléctrico e híbrido enchufable en la Administración.