La pasada semana, la
Confederación lanzó el último número de la Revista CONFEBUS de 2017, bajo el
título Europa en movimiento, que puede leerse o
descargarse en la página web de la Confederación: Nº5
En este número se recoge, entre otros temas de actualidad, la participación de TomTom Telematics y VOLVO en la Junta Directiva de la Confederación, en la que se presentó el Plan de Acción de CONFEBUS 2018; el impulso a la renovación de las estaciones de autobuses; la apertura del plazo de inscripción para la 8ª edición del Máster de CONFEBUS; el lanzamiento del Plan de Formación CONFEBUS 2017-2018; la presentación por parte de Íñigo de la Serna del Plan de Innovación para el Transporte y las Infraestructuras; la firma del protocolo para la mejora de la accesibilidad del transporte público a Madrid en la A-2; la publicación de la Ley de Contratos del Sector Público; la publicación del nuevo Observatorio Social del Transporte por Carretera 2016 de Fomento; el lanzamiento, por parte de Energía lanza el Plan MOVALT; el Plan de Inspección del Ministerio de Fomento para 2018; la presentación del Paquete de Movilidad Limpia por parte de la CE; la defensa de España del sistema de transporte español en Bruselas; la adhesión de CONFEBUS a la Plataforma “Mujeres en el Transporte”; junto con diversos artículos de opinión en la sección del Foro de Expertos: Transporte de viajeros con movilidad reducida y viajeros en sillas de ruedas en autobuses y autocares; Los desafíos de la comunicación corporativa en 2018; Legalidad de la subcontratación en el transporte regular de uso general; Seis consejos para afrontar una inspección del Ministerio de Fomento; así como diversas noticias de interés sobre Autonomías, Empresas, Industria... y mucho más.
Editorial: Europa en movimiento
La Comisión Europea ha presentado la segunda parte del Paquete Movilidad, compuesto por varias normativas, entre las que destaca la propuesta de modificación del Reglamento 1073/2009 sobre el acceso al mercado internacional del transporte en autobús y autocar.
La citada propuesta de modificación busca flexibilizar la creación de nuevos servicios regulares internacionales, liberalizar las operaciones de cabotaje para los servicios regulares y ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento a los servicios regulares nacionales de transporte en autocar introduciendo nuevos servicios comerciales. De este modo se permitiría crear nuevos servicios regulares tanto internacionales como nacionales con distancias superiores a 100 km entre paradas, afectando gravemente a la configuración del mercado español.
En nuestro país todos los servicios de transporte regular de viajeros de uso general por carretera, se encuentran sometidos a obligaciones de servicio público y son prestados, en el caso del transporte interurbano, por empresas privadas a las que se adjudicó el pertinente contrato por vía de licitación. También una buena parte de los servicios estrictamente urbanos son gestionados por empresas privadas previa licitación.
La filosofía sobre la que se asienta el sistema español es la de combinar en un mismo contrato tráficos rentables con otros que claramente no lo son, de tal forma que la rentabilidad conseguida en la explotación de los primeros compense la falta de rentabilidad de los segundos.
Así, se consigue que los servicios de transporte se presten a una tarifa media asequible para todos los usuarios, en unas condiciones de calidad y seguridad únicas, pero que sólo pueden exigirse sobre la base de la inclusión de tráficos rentables, y con un bajísimo coste presupuestario para las Administraciones.
La clave, junto a la integración en red de tráficos de distinta calidad en un mismo contrato, es la exclusividad que se garantiza al contratista en la prestación del servicio. Evidentemente, si ese empresario hubiera de competir con otros en la prestación de los tráficos rentables, éstos dejarían de actuar como compensación de los no rentables incluidos en el contrato.
El cambio de ese modelo de prestación del transporte regular obligaría a modificar toda la política de movilidad sobre la que se sustenta nuestra red de transportes, caracterizada desde hace tiempo por un alto nivel de eficacia y calidad.
Por otra parte, no cabe dudar de que el sistema de adjudicación de los contratos, ajustado a las previsiones de la reglamentación comunitaria y a la legislación española, garantiza una fuerte competencia por el mercado.
Resultaría, en consecuencia, difícil justificar porqué un sistema que funciona, garantizando la movilidad ciudadana incluso en las circunstancias menos favorables, a precios y en condiciones de calidad y seguridad más que aceptables, haya de ser modificado; máxime si no entraña elemento de discriminación alguno en relación con las empresas que pueden concurrir a la adjudicación del contrato.