Recientemente la
Comisión Europea ha tenido que salir al paso de las denuncias de varios
eurodiputados por la existencia de requisitos adicionales y restricciones
exigidos en Austria y Suecia a empresas operadoras de servicios de transporte
en autobús que no sean de esos países o que llevasen a viajeros extranjeros.
Respecto a Austria, el eurodiputado Ole Christensen denunciaba que desde el 1 de enero de 2017 se exigen nuevos requisitos de documentación a los conductores y operadores de autobuses extranjeros que lleven a cabo cualquier tipo de operación en territorio austríaco. Así, esas empresas deben llevar consigo y aportar un documento de 5 páginas donde se incluyen informaciones varias sobre las condiciones del viaje y salariales, debiendo llevar consigo el conductor su contrato de trabajo con una copia en alemán, una nómina y un formulario A1, además de aportar prueba de pago del salario por parte de la empresa. Para Christensen, estos requisitos son desproporcionados y muy extensos, contraviniendo el derecho de la UE y pudiendo resultar en un menoscabo de la libre circulación de personas y en una barrera de entrada para la libre prestación de servicios en el país. El eurodiputado ha solicitado que la Comisión manifieste si piensa reprobar a Austria y si decide a armonizar las normas para asegurar la libre circulación de personas y evitar controles excesivos.
La Comisión Europea ha respondido a través de la comisaria Bulc, responsable de la cartera de transportes, asegurando ser consciente de la normativa austríaca para combatir el dumping social y salarial, así como de la carga administrativa que supone. Bulc ha manifestado que la Comisión no está en contra de normativas nacionales sobre salarios mínimos, pero sí exigen que esas normas han de ser compatibles con las normativas de la UE para libre circulación de mercancías, personas y prestación de servicios, así como desplazamiento de trabajadores y acceso al mercado de servicios internacionales de transporte internacional de viajeros y mercancías por carretera. La comisaria ha informado que la Comisión solicitó a Austria en diciembre de 2016 información sobre esta normativa y que, una vez concluya su análisis, podrá saber mejor los próximos pasos a adoptar. También ha aprovechado para recordar que la Comisión está trabajando en la revisión de la normativa de transportes por carretera para abordar los problemas derivados de la aplicación de normas sociales, la aclaración sobre la aplicación de condiciones de desplazamiento de trabajadores y la libertad para prestar servicios transfronterizos por parte de operadores.
Por otra parte, el eurodiputado Frederick Federly ha interpelado a la Comisión Europea en relación con la normativa sueca que, desde diciembre de 2015 y hasta el 21 de diciembre de 2018, permite al gobierno de Suecia exigir que a los operadores de transporte se les realicen controles de documentos de identidad en autobuses, trenes y barcos para los pasajeros que viajen a Suecia procedentes de países de la zona Schengen y desde Suecia a esos mismos países. Federly ha denunciado que el convenio que implementa el acuerdo Schengen no permite tal opción.
El comisario Avramopoulos, responsable de asuntos del interior, ha confirmado que la Comisión está analizando la compatibilidad de la normativa sueca con el derecho comunitario. No obstante, ha dejado claro que la postura de la Comisión es contraria a ampliar la normativa existente sobre responsabilidad de operadores para vuelos intra-Schengen que se aplica.