El pasado miércoles la Junta Directiva de CEOE aprobó las Propuestas en materia de Transportes y
Logística para la legislatura 2016-2020, presentadas por el Consejo del
Transporte y la Logística.
El documento comienza con una introducción en la que se destaca como el transporte es un sector económico de una importancia estratégica creciente para España, no sólo por contribuir a la mejora de la competitividad, sino por apoyar el desarrollo de la actividad en otros sectores como la industria, el comercio y el turismo, por citar aquellos con mayor peso en el tejido productivo de la economía española.
Esta relevancia aumenta si se tiene en cuenta el proceso de globalización, que exige mayor capacidad para atender el volumen creciente de intercambios comerciales y de pasajeros a escala mundial. La mayor apertura de la economía junto con la mayor competencia internacional lleva implícito un sistema de suministro más flexible, fiable y rápido, que necesita el desarrollo de tecnología puntera para satisfacer una demanda cada día más especializada. Por lo tanto, este sector es fuente de innovación.
La posición geográfica de España, como puente entre Europa, América Latina y África, imprime un carácter especialmente destacado a los servicios de transporte y aumenta el potencial de crecimiento de su actividad.
La importancia del sector de transporte queda reflejada en su peso en el tejido productivo. En términos de Valor Añadido Bruto, la contribución del sector a la riqueza nacional se sitúa en el 4,7%, en el año 2015, al igual que en 2014, siendo éstos los últimos años para los que se dispone de información.
Por subsectores, el transporte terrestre concentra aproximadamente el 61,4% del VAB del sector transportes en 2014, seguido por el 4% del transporte aéreo y el 1,4% del transporte marítimo. Por su parte, el almacenamiento y las actividades anexas suponen el 23,4% del VAB del sector, mientras que las actividades postales y de correos concentran el 9,8% restante.
El sector cuenta con 193.357 empresas en 2016, lo que supone el 6,0% del total de empresas en España, según información obtenida a partir del DIRCE.
Cabe señalar que este sector, a pesar de las dificultades, sigue realizando un notable esfuerzo inversor. En el año 2014, la inversión fue de 7.435,4 millones de euros, un 48,8% más que en 2013, y también superior a la de 2012, años duros y complejos, por la crisis económica. Es de esperar que esta cifra haya seguido aumentando en 2015 y 2016, a medida que se consolida la recuperación de la actividad económica. Por lo tanto, el transporte ha contribuido y sigue contribuyendo de manera destacada al stock de capital en nuestro país y, con ello, al crecimiento potencial de la economía española.
Con información disponible hasta 2014, las empresas del sector transporte han generado un volumen de negocio de 99.135,0 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento del 4,6% respecto al año 2013, aunque sigue siendo un 7,9% inferior a la del año 2008, por los efectos de la crisis. Al igual que con la inversión, es de esperar que en 2015 y 2016 el volumen de negocios haya continuado aumentado, favorecido por el crecimiento de la actividad en estos dos últimos años.
Según la EPA para el año 2016, con información de los tres primeros trimestres, el número de ocupados en este sector se eleva a 929,4 miles de personas, lo que supone el 5,1% del total de ocupados en la economía. En cuanto al reparto del empleo dentro del sector, el 60,9% se concentra en el transporte terrestre, el 4% en el transporte aéreo, y el 2,5% en el transporte marítimo. Mientras, el almacenamiento y las actividades anexas suponen el 20,8% del total del sector y las actividades postales y de correos el 11,9% restante.
Finalmente, en lo referente a la productividad, destacar el crecimiento del 2,1% que se produce en el año 2015, tras el aumento del 2,8% que tuvo lugar en 2014. En general, se vienen registrados incrementos de esta variable desde el año 2010, tras los descensos que se produjeron en 2008 y 2009, donde el retroceso del VAB fue más acusado que el del empleo.
TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA
Tras plantear las cuestiones prioritarias de carácter general para las actividades del transporte y la logística, se desglosan las propuestas específicas para cada ámbito del transporte. A continuación desarrollamos las más destacadas para el transporte de viajeros por carretera:
• Es necesario recuperar la unidad de mercado por las asimetrías y los efectos frontera o desigualdades que colocan a las empresas de manera desigual ante el mercado, teniendo en cuenta las especificidades de ciertos territorios, como los insulares. Por ello, es necesaria mayor coordinación administrativa y normativa.
• Políticas que favorezcan el equilibrio intermodal y que brinden mayores réditos a la sociedad por la vía de una competencia más justa y/o una complementariedad más eficaz. Entre ellas, destaca la necesidad de avanzar en las acciones a desarrollar respecto a la oferta ilegal, adecuadas políticas tarifarias en medio de transporte terrestre competidores, y una modernización equilibrada de las infraestructuras de las que depende crucialmente el autobús para un desempeño eficiente de sus actividades. Así como establecer un Plan de Comunicación a favor de los transportes colectivos.
• La morosidad de las Administraciones, especialmente en las administraciones autonómicas y locales no es un fenómeno nuevo, por lo que hay que establecer mecanismos que erradiquen estas malas prácticas que contribuyen a la destrucción de empresas.
• La financiación del transporte es un elemento fundamental para garantizar la movilidad de las personas, independientemente de su condición o territorio. Los transportes urbanos, los de carácter metropolitano, los servicios rurales y de débil tráfico deben estar garantizados a través de una regulación normativa, que persiga su prestación basados en criterios objetivos y equilibrados. El transporte en autobús adquiere un carácter de obligación de servicio público en numerosas ocasiones, sin ser reconocido administrativamente como tal en la mayoría de las ocasiones, a diferencia de otros modos.
• Privatización o externalización de la gestión de las empresas públicas de transporte de viajeros, obedeciendo a criterios de gestión eficiente y de calidad de servicio. Proveer servicios públicos no implica necesariamente su prestación directa.
• Impulso del ya iniciado proceso de concentración empresarial, para dotar de mayor robustez a las empresas a la hora de enfrentarse a un entorno intermodal cada vez más competitivo. Este proceso permitirá alcanzar una serie de beneficios organizativos, y mayores garantías para la apertura hacia nuevos mercados, especialmente foráneos, y a la posibilidad de afrontar inversiones en innovación.
• Construcción y habilitación de carriles bus y plataformas reservadas como forma de reducir la congestión, contaminación en los ejes de acceso a las ciudades y mejorar la calidad del servicio público.
• Desarrollo de un Plan integral de Modernización y rediseño de las estaciones de autobuses en las Comunidades Autónomas, con apoyo del Ministerio. Son infraestructuras clave para que el desempeño de la actividad pueda dar como resultado una satisfactoria experiencia de viaje, especialmente en lo que a seguridad y accesibilidad se refiere. Este plan debería cubrir, al menos, la renovación de las estaciones de autobuses de las capitales de provincias y de los núcleos de población de más de 100.000 habitantes que sean nodos de comunicación vertebradores de sus respectivos territorios. Las estaciones potencialmente beneficiarias de este plan sumarían un total aproximado de 60.
• La red concesional del Ministerio de Fomento no debería desagregarse de los tráficos parciales que se desarrollan en una Comunidad Autónoma, por cuanto ello puede afectar al equilibrio y viabilidad del servicio concesional. Sólo en casos excepcionales, y siempre que se siga garantizando el equilibrio y viabilidad del servicio competencia del Ministerio, podría haber lugar a la referida segregación de tráficos.
• Se precisa dotar de estabilidad al modelo concesional mediante:
- La red concesional atiende a un diseño que requiere ser actualizado; para ello es necesaria una revisión del mapa concesional en cada Comunidad Autónoma, lo que podría permitir una red más moderna y eficiente.
- Revisión de los diferentes modelos de licitación buscando el equilibrio entre los diferentes atributos que componen el servicio de transporte de viajeros por carretera regular de uso general, especial y urbano.
- Se requiere una mayor objetividad en los criterios de valoración.
- El desarrollo de sistemas de yield management, de modo que por medio de la flexibilización de tarifas se incremente el rendimiento económico y se gestione de un mejor modo la demanda. Así, deben flexibilizarse las tarifas mediante una gama de alternativas de modo que, sin incrementar la tarifa media, se pueda discriminar la tarifa en periodos punta-valle-llano y así poder competir en posicionamiento vía precio.
- El desarrollo de alianzas entre operadores que permita una comercialización más cercana al ciudadano y un mayor desarrollo de los efectos de explotación en red.
- Mayor flexibilidad para tramitar cambios de oferta y modificaciones del título concesional que supongan una modernización de las concesiones. En especial, flexibilidad para adaptar la oferta de la carretera en casos concretos, pero respetándose en todo caso el equilibrio concesional de la oferta del adjudicatario.
• La movilidad de las personas, para alcanzar su máxima efectividad, necesita de una política que favorezca el equilibrio modal y su plena coordinación. El autobús requiere en su desarrollo integrarse con el resto de políticas de transporte, para de esta manera, utilizar plenamente las características de sostenibilidad económica, social y medioambiental que posee. La aparición de nuevos modos de gestionar el transporte a través de las plataformas tecnológicas, requiere de una adaptación normativa inmediata, para así mantener la regulación en base a la igualdad en las condiciones de competencias de las empresas y operadores.
• Los servicios regulares de uso especial, escolares y trabajadores, precisan de nuevas fórmulas de contratación que permitan la adecuada prestación del servicio, donde se prime la calidad y la seguridad sobre el precio. Es necesario estudiar la flexibilización de su uso y optimizar la red.
• Medidas específicas de apoyo a la actividad discrecional y turística, que fomenten su consistencia económica, su rendimiento empresarial y su estabilidad. Se debería establecer un programa específico como parte fundamental del sector turístico.
• Establecimiento de un marco fiscal que fomente la adquisición de vehículos de transporte de viajeros por carretera más eficientes energéticamente y respetuosos con el medioambiente.
• Tratamiento equitativo entre los distintos modos de transporte en relación con la fiscalidad de la energía que utilizan.
• Reducción de las cargas administrativas que afectan al sector en aras a una mayor eficiencia y competitividad. El transporte es uno de los sectores económicos más afectados por una burocracia administrativa innecesaria.
• Promulgación de una Ley de Huelga en los servicios públicos y una normativa más clara y vinculante de los servicios mínimos en el transporte de viajeros por carretera y lo relativo a las consecuencias revistas en ausencia de dicho cumplimiento.
• Impulso de un plan para la internacionalización de las empresas españolas de transporte de viajeros por carretera. El sector tiene gran experiencia en la gestión de concesiones de transporte siendo una oportunidad para la exportación del modelo. El entorno económico, la dimensión empresarial y los factores normativos constituyen barreras que dificultan a las empresas expandirse hacia el exterior.
• Defensa de los intereses del sector en la tramitación y posterior aprobación de la normativa comunitaria, así como su correcta transposición al ordenamiento jurídico interno, pues, en numerosas ocasiones, la transposición efectuada coloca a las empresas españolas en una situación de desventaja.
• Creación de un sistema de información por parte de la Dirección General de Tráfico para el conocimiento de las empresas de transporte de la pérdida de puntos del carnet de conducir de sus conductores asalariados.
Transporte urbano de viajeros
• Aprobación de una Ley de financiación del transporte urbano colectivo, ya que España es el único Estado miembro de la UE que carece de una ley específica, donde se establezca claramente el origen y destino de los recursos o las responsabilidades entre las distintas administraciones implicadas, y que asegure a autoridades municipales, operadores y usuarios los medios necesarios para prestar un servicio que en muchas ocasiones trasciende del interés puramente local. En la actualidad el Estado dedica 51 millones de euros al año, a la subvención del transporte público para los municipios de más de 50.000 habitantes; 250 millones de euros son destinados a las necesidades especiales de las grandes áreas de Madrid y Barcelona, así como a los servicios de Canarias. El sistema actual no es homogéneo, ya que el reparto se realiza en proporción al déficit, dándose el caso de que algunas ciudades reciben apenas 0,05 € por habitante, mientras otras superan los 20€, por lo que es necesario disponer de un sistema de financiación que ofrezca un marco estable y previsible.
• Ley de movilidad urbana. Es necesario avanzar hacia un nuevo modelo de movilidad que gire en torno a medios de transporte sostenibles y en el que las políticas de promoción del transporte colectivo sean consideradas prioritarias. En este sentido, es deseable la aprobación de una ley de movilidad urbana de ámbito estatal que recoja las líneas fundamentales, con especial atención a la creación de planes de movilidad voluntarios al trabajo y a los grandes centros generadores de desplazamientos urbanos y metropolitanos.
• Creación de un órgano de coordinación a nivel estatal de todos los asuntos relacionados con el transporte urbano colectivo, necesario para la obtención de economías de escala, acciones comunes de promoción, y difusión de mejores prácticas; que sirva como punto de encuentro entre los distintos actores del sector (empresas operadoras y autoridades de transporte, así como otros Ministerios relacionados).
• Promoción de la movilidad sostenible, mediante las siguientes medidas:
Coordinación e integración de alternativas complementarias de movilidad con el transporte público.
Fomento e implantación de medidas que impulsen el transporte público, tales como áreas de aparcamiento regulado y de prioridad residencial.
Asignación de vías de circulación prioritaria para los medios de transporte colectivo e implantación de sistemas de prioridad semafórica.
• Promulgación de una Ley de huelga en los servicios públicos y mayor flexibilidad en la regulación de las relaciones laborales.
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